El orden de acceso abierto en América Latina
¿Hay algún Estado latinoamericano que pueda, realmente, incluirse entre las sociedades gobernadas dentro de las coordenadas del orden de acceso abierto? Tal vez uno: Chile, y está en la etapa incipiente del proceso. El economista y analista chileno Cristián Larroulet lo ha explicado en un trabajo particularmente valioso y didáctico publicado por Libertad y Desarrollo, el think-tank que él mismo preside: “La lucha contra el populismo: el caso de Chile”.
Tras explicar que a lo largo del siglo XX Chile no escapó a “la realidad histórica del populismo”, con una economía cerrada y protegida por aranceles que llegaban al 100%, durante el Gobierno de Allende se desató la hiperinflación, cayó el PIB, se dispararon el gasto público y el déficit fiscal, desaparecieron las reservas…; hasta que “la crisis fue total y terminó en un golpe de estado”. Pero, continúa afirmando Larroulet: “A partir del Gobierno Militar y durante cuatro gobiernos democráticos, liderados por coaliciones de centro izquierda, Chile cambió su estrategia de desarrollo alejándose del fenómeno populista. Así, hoy es el país más destacado en América Latina por su desarrollo económico gracias a su modelo de economía libre”.
Para Larroulet, los cinco mecanismos o medidas de gobierno que han permitido la erradicación del populismo y colocado a Chile en el umbral del primer mundo son:
1. La autonomía del Banco Central. Cuando se quitó a los políticos el control de la máquina de imprimir dinero, que pasó a manos de los técnicos, se logró controlar la inflación, gran flagelo que castiga, en primer lugar, a los pobres. De acuerdo con la Constitución del país, el Banco Central de Chile es autónomo y no puede prestar dinero al Gobierno.
2. La disciplina fiscal. También de acuerdo con la Constitución, el Parlamento no puede proponer impuestos ni aumentar el gasto público, prerrogativas que sólo competen al Ejecutivo. La función del poder legislativo es controlar el desempeño del sector público y la ejecución de los presupuestos, pero nada más. El objetivo es que exista un balance entre ingresos y gastos, con una cuenta de reserva que se engrosa durante los periodos de bonanza económica -como sucede ahora por los altos precios del cobre-, para utilizar esos fondos cuando sobrevienen los ciclos de contracción.
3. La apertura de la economía. Chile le ha puesto fin al proteccionismo, abriendo casi totalmente su economía, con un arancel uniforme de apenas el 6%; pero cuando se descuentan los tratados de libre comercio, firmados con economías como Estados Unidos, Europa y Corea, queda realmente en menos del 2%. La economía abierta, por otra parte, obliga a aumentar la productividad y la calidad internas mediante la competencia incesante.
4. El sistema previsional de ahorro individual. Los trabajadores chilenos, en lugar de cotizar a una caja común para la jubilación, lo hacen en cuentas individuales de ahorro, mediante unas empresas privadas de inversión llamadas AFP, que compiten entre ellas para dar el mejor servicio y el mejor rendimiento. Este mecanismo aumenta notablemente el compromiso de los trabajadores con el sistema de economía privada y reduce la conflictividad laboral. A todos los chilenos, sencillamente, les conviene que la economía marche bien y las empresas prosperen. En un informe rendido por las AFP a fines del 2009 se reveló que ya poseían fondos por valor de más de 130.000 millones de dólares.
5. La privatización de las empresas y gestiones públicas: los gobernantes chilenos entendieron que el sector privado era mucho más hábil y eficiente como gestor de la economía, y mediante licitaciones fueron privatizadas la mayor parte de las empresas estatales (no así la explotación del cobre), o se concesionaron a compañías de la sociedad civil.
6. Obsérvese, sin embargo, que ninguna de estas medidas hubiera podido ponerse en marcha, y luego mantenerse, sin la existencia de un Estado lo suficientemente fuerte como para ser capaz de diseñarlas en el Parlamento y, posteriormente, de tutelarlas mediante la labor de un poder judicial independiente, apto para garantizar los derechos y dirimir los inevitables conflictos.
No es posible exagerar la extrema importancia que tiene la existencia de un poder judicial competente, ágil e independiente para el sostenimiento del orden de acceso abierto. Éste, sencillamente, no es posible sin la existencia de un vigoroso sistema para impartir justicia imparcialmente. De ahí que resulte suicida el constante intento de los gobiernos latinoamericanos por controlar el poder judicial: con esa práctica no sólo debilitan la columna de fuste del desarrollo y la modernidad, sino que se colocan al cuello la soga con que serán ahorcados cuando cambien las élites y sean otros los que controlen y manipulen los tribunales.
¿Podrá Chile mantener el orden de acceso abierto de manera permanente? Por ahora, eso parece. Por otro lado, no se trata de la única nación de nuestra cultura cuya clase dirigente ha conseguido desprenderse de la vieja tradición populista, típica del orden de acceso limitado. España, unos años antes que Chile, consiguió transitar en la misma dirección exitosamente. Hoy son pocas las personas en España que no están de acuerdo en el papel beneficioso de la apertura y la competencia, en la importancia de la ortodoxia en el manejo de las cuentas públicas y en los roles que les corresponden al Estado y a la sociedad. Si España hoy forma parte del Primer Mundo, no hay razón alguna para que Chile, si persiste, no logre el mismo resultado.
Publicado em “La Ilustración Liberal”
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